En principio, la Minga comprende una doble dimensión: por una parte, es un proceso de movilización y articulación de diferentes sectores indígenas, campesinos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos que, a nivel nacional, se empieza a estructurar organizativamente en comisiones y comités de trabajo que permiten caminar la palabra de manera conjunta. Por otra, constituye un modo de construir, trabajar y luchar colectivamente por un objetivo común.
Frente al contexto político, las dos dimensiones de la Minga se enfrentan, al menos, con tres retos de distintos niveles:
Primero, en una perspectiva de largo alcance nos ubicamos en un momento específico de los procesos de movilización social: A partir de la década del 90’, la movilización adquirió un carácter regional que ubicaba lo territorial y los pueblos como nociones fundamentales para la propuesta política. Con ello, la noción de clase que había marcado las reivindicaciones sectoriales- gremiales de los años 70’ y 80’ empieza a redefinirse.
Entre el 1996 y 1997, este nuevo momento de la movilización regional llega a un punto cumbre, para decantarse en el Consejo Campesino del 2003 y los Encuentros Populares del 2004.
A partir de allí, se consolida la capacidad política de lo que hoy conocemos como Minga para trascender las reivindicaciones sectoriales hacia un verdadero debate político. Ello implica la búsqueda de articulación de lo político y lo social hacia un proyecto de “nación” para los proyectos de movilización/organización regional.
En segunda instancia, ubicamos el posicionamiento de la Minga como noción y método de construcción colectiva, en la lógica de otros espacios de articulación de procesos y organizaciones sociales. Concretamente, identificamos dos espacios que configuran la coyuntura actual a este respecto: por una parte, la Cumbre Social y Política a realizarse entre el 20 y el 22 de Agosto. Y, de otra parte la reconfiguración del campo sindical a favor de las estrategias de movilización social especialmente en la CUT-, da lugar a la convocatoria de un Paro Nacional para el 7 de Octubre.
Finalmente, a manera de reto interno debemos construir un lenguaje común sobre el sentido de los cinco puntos que permiten el encuentro de nuestros caminos y luchas. Concretamente, como Minga nos encontramos alrededor de:
a) Tierra, Territorio y Soberanía
b) Derecho a la Vida (Guerra y Derechos Humanos)
c) Acuerdos Incumplidos
d) Modelo Económico y Legislación del Despojo
e) Agenda de los Pueblos.
Declaración Congreso De Los Pueblos
Propuesta de país para una vida digna”
Hermanos. Hermanas. Nuestra palabra, que camina y teje razones y sueños, ahora se levanta para compartirles a todos y todas, habitantes del territorio colombiano, pero también a todos los pueblos hermanos, que hombres y mujeres de la más variada procedencia y diversidad de edades nos dimos cita en Bogotá, entre el 8 y el 12 de octubre de 2010, para asumir en nuestras manos la responsabilidad histórica de nuestras vidas y motivar a nuestro pueblo para que haga lo propio con la suya.
Somos los trabajadores y las trabajadoras,
somos los corteros de caña y sus compañeras,
somos los campesinos y las campesinas, jornaleros y cosecheras,
somos la gente hija de la tierra,
somos los pueblos indígenas,
somos los descendientes de africanos que nos estamos liberando,
somos las mujeres dignas y libres,
somos gente pescadora de mares y ríos,
somos los moto-trabajadores, los taxistas, las camioneras,
somos los estudiantes, las maestras, los educadores populares,
somos las experiencias de resistencia al capital, al Estado y a la guerra,
somos los pobres, las marginadas, los excluidos,
somos las artistas y los artesanos,
somos la gente desplazada por las balas, la amenaza, las motosierras, el latifundio, los grandes proyectos,
somos los otros, las otras, quienes desde la diversidad sexual hacemos democracia,
somos los habitantes de la calle, de los barrios, de los cerros de las grandes ciudades,
somos los detenidos y detenidas en las cárceles,
somos las defensoras de los derechos humanos,
somos los comunicadores y las comunicadoras populares,
somos los creyentes en nuestros dioses y sobre todo los creyentes en la justicia,
somos los ausentes y las víctimas,
somos las niñas y los niños, la risa y la imaginación sin límites,
somos los jóvenes, que resistimos la opresión de un sistema policíaco,
somos el país y los pueblos,
Somos el Congreso de los Pueblos.
Declaración Congreso De Tierras, Territorios Y Soberanías
La soberanía es popular, Los territorios son de los pueblos
La Madre Tierra es de quien la cuida.
Declaración del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías
15.000 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del
campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las
organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos
hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de
la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y
continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos comprobado que la única opción de
vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía
impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa: territorios
gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias,
economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión
autónoma sobre la producción de alimentos,
Lamentamos que el gobierno y algunos medios de comunicación insistan en señalar que estos
propósitos, y las movilizaciones que realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como
ha dicho el editorial de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la movilización
popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones está la presencia insurgente. El uso rutinario
del señalamiento les impide ver que detrás de la movilización social en realidad está la respuesta
indignada de la gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios por las
industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la continuidad de una estructura agraria
inicua --denunciada estos días en el Informe de PNUD.
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que
rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y
reformarse a sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y
las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no
irá a la raíz del problema --la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía
industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el
paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los
requerimientos del capital. Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que no será en los espacios de la
institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por
los derechos; que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que
debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país
que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el
cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al
mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad
de ordenar la vida y el territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen
impulsando o pretende llevar a cabo la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la
imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de
Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el
estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200
millones de hectáreas, no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se
sintetizan en lo que podemos llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la
sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al
capital privado.
Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando los últimos meses, son para enfrentar
este despojo. En Santurbán (Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las
comunidades que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la elección
entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales sea una decisión de los
pobladores y no de las burocracias al servicio del capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al
país el patrimonio del subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades
afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir
siendo los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con
los Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en Bahía Málaga
(Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los puertos no destruyan la base
alimentaria de las comunidades; en San Andrés para que los raizales no sean desterrados en su
propia tierra; en las grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios
prohibidos para la población; en la Región del Catatumbo, para impedir que la Madre Tierra sea
profanada mediante la explotación del carbón; en el Cesar y la serranía del Perija para que MPX
empresa de explotación de gas y petróleo detenga las excavaciones. Cada una de estas luchas
populares son para impedir la desterritorialización y el despojo.
4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, nuestras comunidades han pasado a ser defensoras
de la soberanía que el Estado -que debería ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza
inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen dando justo
por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y la soberanía nacional. Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La captura de los Estados por los intereses
privados ha despertado una ola de indignación en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el
despojo de la economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y nosotras, el
derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No dudamos en decir que somos parte de
ésos, los indignados y las indignadas del mundo.
5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes hemos adoptado siete mandatos temáticos, diez
macroregionales y un Mandato de Mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de
compromisos serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos que
asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos de vital importancia los
siguientes:
Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la
Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario
y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran
Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la
conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.
El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien
no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua
para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la
explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en
nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, MPX,
Cosigo Resources, Smurfitt Kappa Carton de Colombia, Cemex, Medoro Resources, Grey Star
(hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las
comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que
acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y
de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho
internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir
su presencia, para que salgan del país y sean sancionados.
El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares-- todas las acciones
políticas civiles para construir un camino hacia la solución política y negociada del conflicto
social y armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las
comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el
conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras
mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el
derecho humanitario --en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como
botín de guerra--, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo
colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y
regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos
convocamos. El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización
participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios
del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio
de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a
indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades.
Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se
puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos
a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.
El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades como
protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el
manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación
producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de
megaproyectos que amenazan su disponibilidad.
El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los pueblos, no
supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes
asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de
producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas
y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos;
impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos
que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
El séptimo mandato es realizar un ordenamiento social del territorio urbano. Proponiendo
suelo y agua como bienes vitales, públicos y comunes. Reconociendo la diversidad y las
diferencias de los pobladores que habitan las ciudades de Colombia. Legalización de territorios
urbanos y no reubicación forzada.
El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los
responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean
juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas
por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y
víctimas de este conflicto.
El Noveno Mandato es consolidar espacios para que los niños y niñas de nuestros territorios
deliberen y decidan. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos nuestros corazones
y conciencias para que sus aportes sean tenidos en cuenta. Obedeciendo su palabra mayor,
generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar,
construir y defender el país de sus sueños. Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos
movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a
comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los partidos
políticos populares a acatarlos.
Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar.
¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!
Cali, 3 de octubre de 2011.
La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los
pueblos, la soberanía es popular